España es, con 114 mil desaparecidos durante la dictadura franquista (1936-1977), el segundo país con más desaparecidos después de Camboya. Y aún hoy, luego de más de treinta años de democracia, siguen reinando el silencio, el olvido y la impunidad. La única esperanza de investigar estos crímenes de lesa humanidad, según el exmagistrado de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, es la causa abierta por la jueza argentina María Servini de Cubría en 2010. En septiembre de este año, Servini logró ordenar a través de la Interpol, la detención y extradición a Buenos Aires de dos exfuncionarios del régimen franquista acusados por torturas. Esto pone a la jueza argentina en la misma situación que Garzón cuando logró la detención de Augusto Pinochet (1998) y cuando denunció a Jorge Rafael Videla (1996), entre otros represores, con el mismo criterio de Justicia Universal.
El exjuez habla del origen y el futuro de la causa abierta en la Argentina, la impunidad en España, y también, de la serie de “escraches” que sufrió el último mes en distintos actos públicos en Buenos Aires y Mar del Plata, atribuidos a agrupaciones pro etarras.
El exjuez habla del origen y el futuro de la causa abierta en la Argentina, la impunidad en España, y también, de la serie de “escraches” que sufrió el último mes en distintos actos públicos en Buenos Aires y Mar del Plata, atribuidos a agrupaciones pro etarras.
JUSTICIA A 10000 KILOMETROS
La jueza argentina, María Servini de Cubría, ordenó la captura internacional de dos antiguos miembros de las Fuerzas de Seguridad franquistas para tomarles declaración indagatoria en Buenos Aires. ¿Qué impulso su iniciativa?
A la jueza Servini se le presentó la querella criminal por parte de las víctimas en 2010 y respondió como corresponde, teniendo en cuenta lo que el principio de Justicia Universal permite y exige para dar protección y reparación a las víctimas de un terrorismo de Estado. Yo declaré como testigo en la causa abierta y dispuse de la investigación que realicé para llevar a cabo el mismo procedimiento en España, en 2008. Sin embargo, mi causa fue anulada en el plazo record de un mes y medio, y fui sometido a proceso por prevaricato. Hoy en día la única investigación abierta para averiguar e investigar los crímenes franquistas es la de Argentina, ya que España ha decidido desde el máximo nivel que no se investigue.
¿Y porque justamente en Argentina?
¿Y porque justamente en Argentina?
Porque aquí hay un gran colectivo español y descendiente de españoles, muchos de los cuales fueron exiliados precisamente durante el franquismo. Ellos tuvieron la feliz iniciativa, a la que se están sumando cada vez más organizaciones. Las víctimas tomaron conciencia de que sí podían y ya hay cerca de 170 querellantes en Argentina. En este caso es crucial el principio de Justicia Universal, su función es que cuando en un lugar no puede ejercerse la justicia, en otro sí se pueda. La intención es lograr que la impunidad no sea la regla ni el negocio de los que tratan de aprovecharse de ella.
La causa que abrió la Jueza Servini obliga al Estado español a tomar postura sobre estos crímenes. Sin embargo, desde el Tribunal Supremo ya han advertido que es posible que los dos denunciados sean amparados por la Ley de Amnistía de 1977.
Es cierto que el Tribunal Supremo ha dicho que estos delitos están prescriptos o que los ampara la Ley de Amnistía. Sin embargo, la decisión del Tribunal no es ley, y si los crímenes son de lesa humanidad como los califica la jueza Servini y como los he calificado yo en su momento en España, no podrán ser protegidos por la Ley de Amnistía. Los delitos contra la humanidad no prescriben. El grupo de trabajo de Detenciones Arbitrarias y Desapariciones Forzadas de la ONU ha emitido su dictamen en septiembre y coincidió con nosotros en que esta ley debería ser anulada y que estos hechos se deben de investigar.
Y en el caso que la Audiencia Nacional decida que proceda la extradición de los dos denunciados, ¿puede el gobierno Español no entregarlos?
Y en el caso que la Audiencia Nacional decida que proceda la extradición de los dos denunciados, ¿puede el gobierno Español no entregarlos?
Sí, puede. Pero por el convenio de asistencia judicial en materia penal entre Argentina y España, no puede quedar sin juzgar esos hechos. En el hipotético caso en que se conceda la extradición y España no lo permita, debería juzgarlos la propia justicia española.
Luego de tantos años de silencio y de una coyuntura política y judicial negada a revisar el pasado, ¿cuesta tener esperanzas en que procedan estas causas?
Luego de tantos años de silencio y de una coyuntura política y judicial negada a revisar el pasado, ¿cuesta tener esperanzas en que procedan estas causas?
La esperanza es la utopía de lo posible. Las víctimas no van a perder la esperanza y todos vamos a seguir luchando. Cuando yo comencé en 1996 a investigar sobre la dictadura chilena pensaron que era imposible, sin embargo, dos años después se produjo la detención de Augusto Pinochet en una clínica en Londres por más de 500 días. Y solo la muerte salvó a Pinochet de ser condenado.
Con ese mismo principio de Justicia Universal, usted imputó a Jorge Rafael Videla en el año 1996 por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura argentina (1976-1983). En mayo de este año, el exdictador argentino murió en la cárcel, cumpliendo la cadena perpetua sentenciada en 2010. ¿Qué representa esto para usted?
Para mi representa una reparación. No me alegro de la muerte de nadie. Pero que un represor haya sido juzgado, condenado y que haya muerto cumpliendo su pena desde la más estricta fidelidad del sistema democrático, es una justa compensación a las víctimas. Hay que resaltar que las víctimas nunca han pedido venganza, sino justicia, y es la obligación de los jueces y de todas las instituciones dárselas.
Para mi representa una reparación. No me alegro de la muerte de nadie. Pero que un represor haya sido juzgado, condenado y que haya muerto cumpliendo su pena desde la más estricta fidelidad del sistema democrático, es una justa compensación a las víctimas. Hay que resaltar que las víctimas nunca han pedido venganza, sino justicia, y es la obligación de los jueces y de todas las instituciones dárselas.
ESPAÑA, SIN VERDAD Y SIN REPARACIÓN
Es difícil de entender como con 114 mil desaparecidos y 30 mil hijos apropiados durante la Guerra Civil y la dictadura (1936-1977), hasta el día de hoy todavía no haya habido justicia ni reparación para todas las víctimas en España.
Hay que entenderlo desde el contexto de 40 años de una dictadura feroz e implacable, en el que luego se mantuvo solo la memoria del bando vencedor. La transición democrática partió del miedo y se omitió toda referencia a los crímenes de lesa humanidad. La Ley de Amnistía de 1977 no iba destinada a este tipo de crímenes porque se asumía que no existían. Todavía hoy los responsables no son capaces de reconocer lo que hicieron. Y es la cobardía normal de quien ejerce el poder arbitrariamente en contra de los propios ciudadanos. Pero los crímenes franquistas son una realidad y las victimas siguen exigiendo memoria, justicia y reparación.
Y las víctimas, luego de más de 30 años de democracia, nunca ni siquiera pudieron declarar frente a un tribunal.
No ha habido nunca ni el mínimo ético de una Comisión de la Verdad en España. Y vaya contradicción, la única posibilidad que tuvo una víctima del franquismo de declarar fue en el juicio contra mí, porque yo los llamé. Y no tanto para que me defiendan, sino para que el Tribunal Supremo tuviera que escuchar esos relatos. Son los únicos ocho relatos que escucharon.
¿Hay un consenso hoy entre los partidos para no revisar el pasado?
No es una cuestión de acuerdo pero sí de coincidencia. El Partido Popular no quiere ni oír hablar de la memoria histórica ni de los crímenes franquistas porque consideran que no existen. Y el partido Socialista consideró que cuando se hizo la transición, la Ley de Amnistía cubrió ese espacio y lo único que cabe para ellos es la Ley de Memoria Histórica de 2006, que prevé un par de reparaciones colectivas pero en ningún caso acciones penales. Fue una concepción absolutamente errónea de que el olvido se puede imponer oficialmente y que la reconciliación se hace por decreto oficial. Se demostró que no hubo reconciliación en 2008, cuando yo califiqué de lesa humanidad a los crímenes franquistas: todo el ámbito reaccionario de la extrema derecha y su caverna mediática saltó en contra mío, prácticamente afirmando que estábamos en 1936. Es decir, jamás hubo reconciliación porque si la hubiera habido, hubieran dejado que revisáramos el pasado y les brindemos reparación a las víctimas.
Hay que entenderlo desde el contexto de 40 años de una dictadura feroz e implacable, en el que luego se mantuvo solo la memoria del bando vencedor. La transición democrática partió del miedo y se omitió toda referencia a los crímenes de lesa humanidad. La Ley de Amnistía de 1977 no iba destinada a este tipo de crímenes porque se asumía que no existían. Todavía hoy los responsables no son capaces de reconocer lo que hicieron. Y es la cobardía normal de quien ejerce el poder arbitrariamente en contra de los propios ciudadanos. Pero los crímenes franquistas son una realidad y las victimas siguen exigiendo memoria, justicia y reparación.
Y las víctimas, luego de más de 30 años de democracia, nunca ni siquiera pudieron declarar frente a un tribunal.
No ha habido nunca ni el mínimo ético de una Comisión de la Verdad en España. Y vaya contradicción, la única posibilidad que tuvo una víctima del franquismo de declarar fue en el juicio contra mí, porque yo los llamé. Y no tanto para que me defiendan, sino para que el Tribunal Supremo tuviera que escuchar esos relatos. Son los únicos ocho relatos que escucharon.
¿Hay un consenso hoy entre los partidos para no revisar el pasado?
No es una cuestión de acuerdo pero sí de coincidencia. El Partido Popular no quiere ni oír hablar de la memoria histórica ni de los crímenes franquistas porque consideran que no existen. Y el partido Socialista consideró que cuando se hizo la transición, la Ley de Amnistía cubrió ese espacio y lo único que cabe para ellos es la Ley de Memoria Histórica de 2006, que prevé un par de reparaciones colectivas pero en ningún caso acciones penales. Fue una concepción absolutamente errónea de que el olvido se puede imponer oficialmente y que la reconciliación se hace por decreto oficial. Se demostró que no hubo reconciliación en 2008, cuando yo califiqué de lesa humanidad a los crímenes franquistas: todo el ámbito reaccionario de la extrema derecha y su caverna mediática saltó en contra mío, prácticamente afirmando que estábamos en 1936. Es decir, jamás hubo reconciliación porque si la hubiera habido, hubieran dejado que revisáramos el pasado y les brindemos reparación a las víctimas.
Hace tres años fue suspendido como juez por investigar los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura española. ¿Es cierto que se considera el “último exiliado del franquismo”?
Es un título demasiado presuntuoso. Lo que quiso expresar esa afirmación es que un juez haya tenido que abandonar su profesión, no por motus propio sino porque le impidieron ejercer su labor en pro de la justicia, supone una especie de exilio. Desde mi punto de vista, no se puede enjuiciar arbitrariamente a un juez de prevaricato por el simple hecho de interpretar la ley con libertad de interpretación e independencia, porque esto afecta la independencia misma de la justicia. Encima, mi interpretación era compartida por muchos organismos internacionales y por muchos juristas.
Hay una posibilidad que revoquen el fallo y que lo restituyan como juez. ¿Volvería a ejercer?
Una asociación de jueces y fiscales europeos con más de 15 mil afiliados (MEDEL), presentó una petición de indulto a favor mío que se está tramitando. Yo, además, tengo dos demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La primera, por la suspensión en el caso del franquismo, porque entiendo que ningún juez puede ser suspendido en sus funciones por interpretar la ley y hacerlo es una amenaza contundente a la independencia judicial. Y la segunda; por la sentencia en mi contra en el caso conocido como Gürtel, en el cual se me culpa por la interceptación de las comunicaciones entre los principales responsables de una red de corrupción y de blanqueo de activos. En esta última, con todas las garantías que yo adopté, no podía darse una sentencia, menos cuando el supuesto delito fue creado en la misma sentencia, es decir, se creó ad hominem, ya que no existía antes el tipo delictivo. Esto también es una amenaza a la independencia judicial. Pero yo quiero dejar clara una cuestión: no estoy de acuerdo con ninguno de los dos procedimientos pero yo respeto el sistema judicial, y he intentado defender mis derechos con el mismo y dentro del mismo. En el caso que me restituyan, cuando llegue el momento tomaré la decisión que tenga que tomar. Y si lo hago, será con el mismo planteamiento de justicia que tengo en este mismo momento: proactiva en defensa de las víctimas de lesa humanidad y los ciudadanos.
EL ENOJO VASCO
El otro día sufrió una serie de escraches en una sede de la UBA y en una universidad en Mar del Plata por parte de unas agrupaciones que denunciaban torturas y malos tratos en las detenciones de ciertos militantes vascos independentistas.
Yo respeto la libertad de expresión, no me parece mal que se expresen, incluso de esa forma. Me da mucha pena que no se informen bien y que actúen de modo sectario. Durante toda mi carrera he investigado los crímenes de terrorismo en España y he defendido el máximo de garantías. En ningún caso se puede imputar que se hayan practicado torturas o malos tratos. En España, el juez que investiga el terrorismo no puede investigar los malos tratos de las fuerzas policiales en los mismos casos: son otros jueces los que lo hacen, con el fin de que no se contamine. Yo mismo pedí la derogación de la ley anti-terrorista y diseñé un protocolo para evitar los malos tratos y las torturas durante las detenciones. El protocolo fue aceptado y reconocido por el relator de las Naciones Unidos contra la tortura en 2008 y por el comité de la prevención de la tortura de Consejo de Europa, y hoy se conoce como el Protocolo Garzón. En todos los casos en los que se aplicó el protocolo no hubo ni un solo caso de malos tratos o torturas. Es verdad que quizás, por una cuestión burocrática, la justicia española no haya sido lo suficientemente contundente en la investigación de las torturas en España. Es una reflexión que debemos hacer y que personalmente, he hecho siempre. Pero de ahí a que se ampare y se propicie la tortura, no.
Ellos dicen que se han cerrado medios de comunicación y que se han arrestado miembros del partido EKIN, solo por ser independentistas y socialistas.
Ellos dicen que se han cerrado medios de comunicación y que se han arrestado miembros del partido EKIN, solo por ser independentistas y socialistas.
De acuerdo con el sistema legal español, hay partidos políticos que fueron ilegalizados por el Tribunal Supremo. Esos partidos políticos propiciaban y protegían la violencia terrorista. Eso es lo que ellos no quieren admitir. El terrorismo no se puede proteger en un Estado de Derecho, ni el del pasado ni el del presente. El único medio que se cerró fue el diario vasco EGIN, porque se comprobó que tenía una vinculación directa con la organización terrorista ETA. En el diario aparecían publicados nombres y descripciones de ciertas personas para que luego fueran ejecutadas. Solo se condenaron a aquellos trabajadores que corroboramos que se comunicaban directamente con la organización y no a todo el personal del medio.
¿Considera que es posible que forme parte de una campaña de desprestigio por su posición política en Argentina?
Es posible. ¿Por qué se manifiestan en contra mío ahora? Hace un año que ya estoy trabajando aquí. No se entiende sino porque comenzaron a manifestarse recién ahora.